Se reclama que Iosper cubra todas las horas de atención que requieren los pacientes |
Jorge Gandolfo dice que llegó a un límite: en dos meses visitó 50 veces, así, contadas una a una, la sede del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), y que en todo ese tiempo, en todos esos viajes, en todas esas entrevistas con los empleados, no pudo conseguir lo que buscaba: una cobertura médica del 100 %, sin topes, para su hijo Santiago, que soporta trastorno generalizado del desarrollo (TGD), una discapacidad que requiere de atención permanente, diaria. Los neurólogos han diagnosticado que el chico necesita no menos de 40 horas de sesiones por mes, a un costo de 80 pesos la hora, o sea 3.200 pesos, pero el Iosper sólo le reconoce una cobertura de hasta 2.500 pesos; el resto, 700 pesos, deberían salir de su bolsillo, pero como es empleado del Estado, y su salario difícilmente supera los 3.000 pesos, elige un camino contracorriente: disminuye la atención terapéutica de su hijo. Pero como no quiere que eso sea así siempre, ahora está planeando otra vía, acudir a la Justicia con un recurso de amparo. “Al mes, son tres profesionales los que vienen a mi casa a darle atención a mi hijo. Si la obra social no me reconoce todas esas visitas, tengo que pagar la diferencia yo, y si no puedo hacerlo, tengo que restarle horas de atención terapéutica. En mi casa somos muchos, así que no puedo sacar 700 a 800 pesos de mi bolsillo, porque me resulta demasiado costoso”, dice. Sin acuerdo. Raúl Acosta, presidente de la delegación local de la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea), recordó que a principios de mes el gobernador Sergio Urribarri recibió a padres de chicos con autismo y TGD y que allí se acordó que el Iosper brindaría amplia cobertura médica y terapéutica, aunque después esa promesa no se cumplió. “El Iosper se comprometió a dar solución. Pero la solución que se dio no fue como había sido planteada. Hay una Ley Nacional de Discapacidad, que establece un sistema de prestaciones básicas. Si el médico dice que tu hijo necesita 40 horas mensuales de tratamiento, la obra social tiene que brindarles cobertura. Pero pasa que el Iosper dice que reconoce nada más que 20 horas. Ese es el problema”, señala. La situación alcanza a otras obras sociales, algunas que sólo dan cobertura mediante amparo, como la de los telefónicos; otras, como Osecac, que reconocen el 100% de cobertura, pero que pagan con un atraso de hasta siete meses, según dice Acosta. “Es insostenible para un chico que hoy es diagnosticado con TGD mantener el tratamiento médico sin una cobertura inmediata de la obra social. Y ninguna obra social lo está cubriendo”, apuntó. Apadea acaba de realizar una presentación ante las autoridades del Iosper para conseguir una audiencia, y así hacer público su malestar por la cobertura que reciben afiliados con autismo o TGD. Anuncio. A comienzos de julio de 2010, el Iosper había anunciado una amplia cobertura para sus afiliados con discapacidad, superando así una dura disputa que siempre concluía en Tribunales: ante la negativa a un tratamiento específico, los pacientes acudían a la Justicia con recursos de amparo. Así, la inversión para ese tipo de coberturas pasó ese año de 20 a 30 millones de pesos. De ese modo, se procuró dar cumplimiento a lo que establece la Ley Nacional de Discapacidad Nº 24.901, pero también a la normativa nacional, reformada en abril del año último por la Legislatura, que impuso a Salud la obligación de brindar “en forma integral las prestaciones para la prevención, habilitación, rehabilitación y tratamiento de las personas con discapacidad sin obra social con la sola presentación del certificado según norma del artículo 8° de la presente ley”. Y al Iosper, asumir “con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas consagradas en la Ley Nacional Nº 24.901, que necesiten las personas con discapacidad afiliadas al mismo”. Pero desde Apadea afirman que no se cumple la legislación sobre discapacidad, y que hay una cobertura “retaceada”. Ariel de la Rosa, vicepresidente de Iosper, niega esa situación, y descarta que haya topes en la atención en la obra social provincial. “No existe ningún tipo de limitación. Brindamos todas las coberturas que nos marca la ley. Hay un programa de asistencia para las diferentes patologías; dentro de eso, los chicos autistas”, afirmó. Esos valores que paga el Iosper son los que impone la legislación nacional, a través de la Administración de Programas Especiales (APE). “No es que pongamos un tope; cumplimos con la cobertura que exige la legislación nacional”, apuntó De la Rosa. • Butta: “No puede haber límites” Claudia Butta es articuladora de Políticas Integrales de Discapacidad de la Provincia, y está al frente del Instituto Provincial de Discapacidad. Claudia Butta reconoce el reclamo de Apadea, y dice que no bien el Iosper acepte recibirlos en audiencia estará presente, para acompañarlos. Butta reprocha los límites que impone la obra social a las coberturas que da a pacientes autistas o con TGD. “Está dando cobertura integral sólo a través de amparos judiciales”, asegura. “No puede haber límites. Las prestaciones se tienen que brindar conforme a la ley. Lo que pasa también es que el Iosper, en algunos casos, dice que tiene que ser el organismo que le corresponda el que debe dar prestación, y por ejemplo en integración educativa, debe ser el Consejo de Educación”, amplía. En ese sentido, la funcionaria aseveró que tanto la ley provincial cuanto la ley nacional sobre discapacidad establecen que las coberturas tienen que ser completas para todas personas con discapacidad. No puede darse esta cobertura sólo a través de amparos”, apuntó. (APF.Digital) |
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